La defensa de lo esencial en las islas afrodescendientes de Panamá

“Es muy difícil, muy difícil, haber crecido con tus primos, con tus hermanos, corriendo, saltando, brincando, nadando, visitando todo el archipiélago, poder pasar el verano y parte del año en este paraíso a que de repente todo se desvanezca”, dijo Nairobi Centeno, cuya familia proviene de la Isla Casayeta, donde pasó buena parte de su vida.  

Las islas Casaya, Casayeta y Bolaño están ubicadas en el Archipiélago de las Perlas, Municipio de Balboa, en el golfo de Panamá.  

El pueblo afrodescendiente de estas islas tiene una historia que se remonta al siglo XVI, cuando los colonizadores españoles llevaron forzosamente a personas esclavizadas desde África para trabajar en la extracción de perlas. Con el tiempo, estas comunidades desarrollaron una economía de subsistencia basada en la pesca, la agricultura y la artesanía, estableciendo un vínculo profundo con el entorno natural. 

“Las autoridades [locales] fueron vendiendo las tierras que le había dado el gobierno a este pueblo, a personas pudientes, millonarias de Panamá, de países extranjeros, llevándose la gente hacia otro lugar diferente a lo que dice la escritura pública”, dijo Armando Pinto, vicepresidente del Comité Pro Rescate de las islas Casaya, Casayeta y Bolaño.  

Según Pinto, la problemática comenzó en 1869, cuando las primeras personas africanas fueron llevadas al archipiélago a través de la trata transatlántica. En esa época y hasta 1903, Panamá formaba parte de Colombia.  

En ese contexto histórico, el gobierno colombiano, otorgó unas fincas mediante una escritura pública a las personas que habitaban las islas. Sin embargo, dijo Pinto, las autoridades posteriormente ignoraron este documento.  

“El municipio de Balboa vendió 24 hectáreas a un extranjero pudiente y ha arrinconado al pueblo a una esquinita para que la gente se fuera mudando poco a poco a otras islas”, dijo Pinto.  

Despojo y desplazamiento 

Desde 1994, una ola de apropiaciones privadas fue despojando gradualmente a la comunidad de sus tierras y debilitando su presencia en el archipiélago.  

Aunque existen resoluciones ministeriales que reconocen el derecho de los habitantes a la titularidad de las tierras ocupadas ancestralmente, no se ha cumplido con su aplicación.  

“Nos sentimos vulnerados en nuestros derechos ancestrales y derechos también que todo pueblo o todo ser humano tiene aquí en la tierra”, dijo Pinto. 

Maritza Cajar, de 66 años y habitante de la Isla Casayeta, coincide.  

“La gente de plata nos quiere quitar la tierra y eso lo estamos peleando”, dijo.  

El despojo ha provocado ruptura del tejido social, migración forzada, cierre de servicios básicos. Para Edward Sosa, quien ha vivido en Casayeta desde que nació, el cierre de la escuela marcó un punto de quiebre.  

“Perder la escuela ha sido un golpe muy duro porque la comunidad se va convirtiendo como en una comunidad vacía, sin niños. La comunidad no es igual”, dijo Sosa.  

Jeffrey Pinto, un joven originario de la Isla Casayeta, actualmente desplazado, dijo que anteriormente había gente en la Isla y era posible quedarse hasta la madrugada jugando.  

“Teníamos electricidad, pero ya no y ya no podemos tomar agua potable”, añadió. 

Milagros Pérez, una joven de 22 años y otra de las jóvenes desplazadas de la Isla Casayeta, añadió que ha sido difícil abandonar su comunidad y atribuye la responsabilidad a las autoridades, puesto que, según ella, éstas decidieron cerrar la escuela aun sabiendo que había niños que necesitaban del acceso a la educación.  

“He crecido aquí en esta isla prácticamente desde que tengo uso de memoria”, dijo Pérez. “Me dedico prácticamente a nada, porque como está la situación allá en [la Ciudad de Panamá], el trabajo anda huyendo.” 

“Nadie se va de su casa o de su pueblo o de su país porque quiera, sino porque te obligan o te empujan a hacerlo”. — Nairobi Centeno

Los desplazamientos han suscitado separación de las familias, como en el caso de Ashley Nates, una joven de 17 años y habitante de la Isla Casayeta, quien explica que su mamá tuvo que irse a la ciudad con sus hermanos y ella se quedó en la isla con su abuela y su primo.  

Identidad, resiliencia y sueños de un futuro mejor 

“Me gusta mi pueblo desde que tengo uso de razón”, dijo Ashley. “Soy muy amante de la naturaleza, prefiero mi pueblo encima de todo. No me gusta [la Ciudad de] Panamá ni un poquito, me siento como atrapada cuando estoy allá. Acá [en la Isla] puedo ser yo.” 

Ashley dijo que sueña con que la Isla tenga lo esencial de cada día, como electricidad, calles adecuadas, agua potable, un centro de salud y una escuela.  

Jeffrey concordó con Ashley y añadió que sueña con que en la Isla se elimine cualquier tipo de desigualdad.  

Cajar dijo que espera que el turismo pueda traer oportunidades para los jóvenes. “Sueño que haya trabajo, una fuente de turismo para que la juventud no se vaya, puedan quedarse aquí en lo suyo,” dijo.  

Centeno, por su parte, sueña con volver a tener una Casayeta feliz y un pueblo unido. 

“Una escuela abierta o por lo menos la capacitación de más de dos o tres personas en el pueblo [que sepan] de primeros auxilios”, añadió.  

Pinto aseguró que tienen más de 30 años peleando, y que, si hay que pelear 30 más, lo van a hacer.  

Dejar de gritar al viento 

“La lucha tiene más de 30 años”, dijo Centeno. “En estos últimos cinco años aproximadamente que hemos tenido el apoyo de la parte internacional se ve una diferencia, al fin alguien nos está escuchando. Por lo menos ya sentimos que no estamos gritando al viento”. 

Centeno se refiere al apoyo y acompañamiento de ONU Derechos Humanos, así como el hecho de que el caso de estas islas llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2024, gracias a las quejas interpuestas por residentes quienes argumentaron una apropiación ilegal de sus territorios, despojo y exclusión. En respuesta a esta queja, la CIDH celebró una audiencia para revisar la situación de la población afrodescendiente en las Islas Casaya, Casayeta y Bolaño.  

Este proceso fue ampliamente apoyado por la Defensoría del Pueblo de Panamá, quien también realizó visitas a la zona para documentar la situación y aportar información.  

“Desde el primer momento, ONU Derechos Humanos ha acompañado a la comunidad en su esfuerzo por defender sus derechos”, explicó Andrés Sánchez Thorin, Representante de ONU Derechos Humanos en América Central.  

“En estrecha coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Oficina ha monitoreado de forma constante la condición de la comunidad, impulsado procesos de fortalecimiento de capacidades y brindado herramientas particularmente para el uso de la norma y de mecanismos internacionales de protección”, añadió.  

ONU Derechos Humanos también ha facilitado que las familias afectadas sean escuchadas en espacios nacionales e internacionales. 

Pinto destacó este respaldo.  

“Le agradecemos a la Oficina del Alto Comisionado que desde el primer día que abrió sus puertas, nos atendieron sin tener cita y de ahí para adelante siempre nos ha atendido”, dijo Pinto. “ONU Derechos Humanos nos ha ayudado demasiado. Anteriormente no nos escuchaba nadie, pero con ONU Derechos Humanos sí hemos tenido bastante apoyo”.  

Cajar coincidió con Pinto y añadió que también el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Panamá les da esperanza de que las autoridades pongan atención a su situación.  

Sánchez Thorin destacó que este acompañamiento sostenido ha contribuido a avances concretos.  

“La Defensoría del Pueblo ha emitido resoluciones que documentan violaciones de derechos humanos, se han abierto expedientes en distintas instituciones estatales y se ha logrado la reversión de tierras”, explicó.  

Añadió que, a pesar de ello, persisten desafíos relacionados con la titulación de la tierra, así como con el acceso adecuado a servicios básicos como agua, salud, educación, esenciales para una vida digna. 

La situación en las Islas Casaya, Casayeta y Bolaño muestra cómo la defensa de los derechos humanos es inseparable de la defensa de la vida misma, dijo el representante.  

“Las familias en estas islas encarnan la resiliencia de quienes exigen lo esencial: vivir con dignidad, en paz y con esperanza”. — Andrés Sánchez Thorin, Representante de ONU Derechos Humanos en América Central  

Sánchez Thorin añadió que la lucha de las familias nos recuerda que los derechos humanos no son aspiraciones abstractas sino la base de una convivencia justa.  

Para ONU Derechos Humanos, acompañar a la comunidad en este proceso significa contribuir a que los derechos humanos se conviertan en una realidad cotidiana para todas las personas. 

“¿Qué queremos nosotros? Que se nos escuche y que se retrotraiga esos títulos espurios, para que nuestros hijos, nietos y familiares regresen nuevamente aquí a la isla”, concluyó Pinto.  

Cronología reciente de la situación en las islas Casaya, Casayeta y Bolaño 

• 2022: la Defensoría del Pueblo abrió expediente oficial por violación de derechos humanos.
• 2023: el Ministerio de Economía y Finanzas se sumó como querellante a la investigación contra el Consejo Municipal de Balboa.
• 2024: la Defensoría constató nuevamente las vulneraciones durante una inspección en las islas.
• 2025: se iniciaron los trámites para titular algunas de las tierras según los censos de 1994 y 1997, pero la mayoría de las familias no puede costear los planos exigidos. Las autoridades proponen concesiones por 90 años en lugar de la titulación definitiva que reconoce su derecho posesorio.