Desde el aire, minutos antes de aterrizar en la provincia de Bocas del Toro, en la República de Panamá se divisa el majestuoso verdor de las tierras y el manto de las fincas plataneras, que durante años ha caracterizado el movimiento económico de la región. Se trata de una provincia ubicada al oeste de Panamá, en los límites fronterizos con el sur de Costa Rica. Por años esta provincia ha sido reconocida como uno de los principales centros de producción de banano para la exportación, pero también se tejen historias de pequeños productores que vieron la oportunidad de cultivar tierras para subsistencia, esforzándose para lograr la anhelada comercialización. Ese es el caso de Alexis Aparicio, productor de 54 años que vio el amor de su padre por el trabajo de campo, arreando ganado. La Finca Balas Pit, que está ubicada en la comunidad del Empalme, cuenta con 19 hectáreas de terreno y desde la década del 90 se enfocaba en ganado.  Para el año 2005, Alexis y su familia tuvieron una nueva perspectiva de trabajo cultivando el plátano. En familia, y con el apoyo de otras dos personas, cultivaron 8 hectáreas de terreno y después de su primera cosecha descubrieron que tenían un producto con calidad de exportación. El proceso de comercialización y exportación no sería fácil; pero Alexis Aparicio estaba decidido a no rendirse.  Primero, Aparicio junto a su familia, se hizo miembro de la Asociación de Productores Agrícolas y ProDefensa Ecológica de Balas Pit, (APROADEBP). La Asociación, conformada por diez familias con igual interés y visión decidió utilizar la infraestructura donada por el Gobierno, a través del Consejo de Desarrollo Sostenible (CONADES) para el proceso de empaquetado y distribución del plátano.  De igual modo, los miembros comenzaron a capacitarse en los temas de comercialización del producto. En un inicio vendían el plátano a intermediarios que iban en camiones a las fincas a comprar las cabezas de plátano, sin embargo, las ganancias versus el costo de producir no eran rentables. En ese momento, Alexis y otros productores tomaron la decisión de negociar directamente con los supermercados y otros comercios permitiéndoles generar mejores ingresos. Tener una estructura organizativa era una ventaja y además atrajo a nuevos productores lo que les permitió incrementar la capacidad de producción. En la actualidad, el plátano que producen los miembros de la Asociación se vende en las principales cadenas de supermercados de Panamá. Estos acuerdos con las cadenas de supermercados les permiten generar ingresos semanales para mantener la operatividad de sus fincas y llevar sustento a sus hogares. Inicialmente, los miembros de la Asociación estaban interesados en la exportación de sus plátanos, sin embargo, posterior a un primer ejercicio de venta en Miami y Nueva York en Estados Unidos decidieron que era mejor realizar un análisis más profundo sobre el mercado y también recibir asesoría para reactivar la exportación de sus productos de manera más asertiva. Sostenibilidad y Seguridad Alimentaria Para Alexis Aparicio lo más difícil es mantener el ritmo de la producción, especialmente, por las variaciones constantes del clima, el incremento del costo de los insumos y el costo del transporte. Si bien la pandemia afectó negativamente la vida de muchos panameños y panameñas, para personas como Alexis el impacto fue distinto. Siendo un actor clave dentro de la cadena alimentaria tenían que rápidamente ajustarse para seguir abasteciendo a sus clientes de productos. Ante las medidas de cuarentana decretadas por el Gobierno de Panamá para contener el COVID-19, personas como Alexis Aparicio se convirtieron en héroes de la alimentación. En medio de la pandemia, los productores nacionales tenían una gran responsabilidad para garantizar la seguridad alimentaria de la población nacional, especialmente frente a las dificultades que surgen en las importaciones y exportaciones. Anualmente, APROADEBP  produce de manera conjunta unas 4 mil cajas de plátano, es decir unos 240 mil dedos de plátanos anuales. Esta producción permite a las 43 familias miembros de la Asociación garantizar su sustento propio y la alimentación de sus familiares. A pensar de que hasta el momento, la Asociación ha podido mantener buen ritmo en su producción, los desafíos hoy día son mayores. Esto requiere que los pequeños productores y las organizaciones productoras de base comunitaria reciban el apoyo y  fortalezcan sus capacidades tanto en comercialización, industrialización y marketing de sus productos. Por otro lado, fortalecer al productor nacional es importante para garantizar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en los países. En Panamá, durante el mes de mayo se llevaron a cabo 8 consultas sobre sistemas alimentarios que contaron con la participación de más de 700 actores clave de la cadena alimentaria en todo el país. Los resultados de estas consultas serán parte del informe que Panamá presentará en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios este año. En la actualidad, Panamá es uno de los 13 países voluntarios en la organización de consultas nacionales de cara a la Cumbre de Sistemas Alimentarios, proceso que fue liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y contó con el apoyo técnico de las Naciones Unidas, a través de FAO y FIDA. Historia escrita por Gina Buendia, consultora.

Pasaban las 6 de la tarde, del 30 de marzo de 2020, cuando el Gobierno de Panamá en cadena nacional televisiva anunciaba el reforzamiento de las medidas de movilidad para contener los contagios por COVID-19. Estas nuevas medidas establecían días específicos de salida para los hombres y para las mujeres. Las mujeres podrían salir lunes, miércoles y viernes y los hombres martes, jueves y sábado por un período máximo de dos horas. Los domingos no se permitía circular en todo el país, salvo por excepciones o casos de emergencia. La incertidumbre y las dudas inundaron las redes sociales, especialmente, en Twitter que se transformó en un medio de protesta social durante la pandemia. La población en general resintió las limitaciones, pero sobre todo grupos vulnerables como algunos miembros de la comunidad LGTBIQ+. Primero, dos horas es un tiempo muy reducido para compras de alimentos y medicamentos, atender sus necesidades de comunidad, salud y demás, y, en segundo lugar, la población trans quedaba excluida de los horarios establecidos. Venus Tejada, presidenta de la Asociación Panameña de Personas Trans describió la situación durante las primeras semanas como de incertidumbre. Su teléfono no paraba de recibir llamadas y chats de personas con dudas y preocupaciones que iban desde cómo obtener ingresos para comer, cómo salir a buscar los medicamentos antirretrovirales, en dónde hacerse una prueba de VIH, cómo asistir a una cita médica, hasta las denuncias por abusos, discriminación y violencia que recibía la población trans en el país. ¿Había que dar respuesta, pero ella se preguntaba cómo ayudar? Además, ella también se estaba viendo afectada por las restricciones de movilidad. "Fue un reto seguir con el trabajo que hacíamos antes del COVID-19", recuerda Dayra Garcia, directora ejecutiva de Viviendo Positivamente. Dayra Garcia, al igual que Venus Tejada, observaron que el único modo que tenían de comunicarse con la población a la que atendían era a través del uso de la tecnología, mayormente WhatsApp porque muchas personas no tenían dinero para pagar el servicio de internet en sus casas. “Tuvimos muchas compañeras que se vieron bloqueadas por el bajo dominio del uso de la tecnología, así que otras tuvieron que asumir el reto", comentó García. Delvin Simmons, representante de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá nos cuenta que la organización vio que la tecnología era el mecanismo para comunicarse con sus usuarios y decidieron continuar ofertando los servicios a través del ciber-abordaje para acercarse a las personas que continuaban en vulnerabilidad y a quienes la pandemia solo empeoró su situación. El ciber-abordaje es una estrategia para proveer atención, información y dar seguimiento a la población clave utilizando canales virtuales de comunicación que van desde redes sociales tradicionales, redes de ligues y canales de chat, como WhatsApp. Este abordaje, además de asegurar una comunicación constante con usuarios para atención en VIH, también sirvió para promover las medidas de bioseguridad para contener los contagios por COVID-19. Esta estrategia fue adoptada por varias de las organizaciones que trabajan con población viviendo con VIH, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras/es sexuales y población LGTBIQ+ en general, con el objetivo de poder continuar proveyendo servicios básicos de apoyo y acompañamiento para la realización de las pruebas de VIH, medidas de prevención, asesoría, acompañamiento psicológico, entre otros. Dayra García comenta que al inicio no fue fácil, especialmente, para aquellos que como ella veían el teléfono como una herramienta solo para atender las llamadas de usuarios. No obstante, las tres organizaciones concuerdan que el resultado de la estrategia fue exitoso, no solo porque llegaron a sus usuarios, sino que también llegaron a otras personas con necesidad de atención. Además del ciber-abordaje las organizaciones de base comunitaria fueron clave apoyando para que las personas viviendo con VIH pudieran recibir sus tratamientos implementando mecanismos de recogida y entrega de los medicamentos, especialmente, en las regiones más apartadas del país en la que dos horas no era suficiente para llegar hasta las clínicas, de igual modo, en las ciudades se apoyó utilizando aplicaciones tecnológicas de entrega a domicilio. De este modo, podían garantizar que las personas no detuvieran sus tratamientos. Venus Tejada reconoce que mucha de la población con necesidad de atención no logró ser alcanzada por estas organizaciones. “Los retos fueron muchos, especialmente, los retos económicos”, puntualiza Tejada, mientras que Delvin Simmons indicó que durante un mes muchos centros de salud dejaron de entregar preservativos a trabajadoras y trabajadores sexuales, medida que se transformó en un factor de riesgo. De igual modo, con el apoyo de agencias de las Naciones Unidas en Panamá se logró incluir a un gran número de trabajadoras y trabajadores sexuales en la entrega de bono y de bolsas de comida que donaba el Ministerio de Desarrollo Social.  "El 90% de la población que atiendo son trabajadoras sexuales que estaban imposibilitadas de salir a trabajar por las restricciones de movilidad, no tenían dinero ni para comer, comentó Venus" La implicación, la aceptación y el liderazgo de la comunidad son esenciales a la hora de abordar las crisis de salud y desarrollo. El liderazgo y el compromiso de las comunidades sigue siendo vital como mecanismo de respuesta al VIH. En medio de la pandemia generada por el COVID-19 se evidenció aún más el importante rol que juegan las organizaciones de base comunitaria en la prevención y la provisión de servicios básicos a la población viviendo con VIH, trabajadores sexuales, así como la población LGTBIQ+ Una encuesta realizada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en América Latina y el Caribe evidenció que en abril el número de personas en la región que no tenían acceso a tratamientos antirretroviral había ascendido a 21%. En Panamá, de acuerdo con los datos del Ministerio de la Salud, en 2019, 1,912 personas fueron diagnosticadas con VIH, mientras que en el año 2020 solamente se diagnosticaron 534 casos. La reducción de detección de casos se debe a que, durante la pandemia, el número de pruebas realizadas fue menor debido a las restricciones de movilidad impuestas para controlar el COVID-19. Desde las Naciones Unidas, ONUSIDA, PNUD y UNFPA han trabajado de manera coordinada en proveer insumos básicos de protección personal, equipo e insumos médicos para la atención de personas viviendo con VIH, reforzando los programas de prevención y apoyando directamente a las organizaciones de base comunitaria para fortalecer sus servicios ante la crisis generada por la COVID-19.

El Gobierno de Panamá ha atendido de manera certera la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. La rápida coordinación y liderazgo del Gobierno Nacional, así como la conformación de un equipo interinstitucional ha sido clave para proteger muchas vidas en el país. Para el Sistema de las Naciones Unidas todas las vidas son importantes, y nuestro principal objetivo, es que ninguna persona se quede atrás. Por tal razón, desde que se anunciaron los primeros casos de COVID-19 a nivel internacional, la ONU en Panamá ha venido apoyando técnicamente al Gobierno Nacional en la preparación de la respuesta a COVID-19. El liderazgo de la oficina de la Coordinación Residente, ha sido vital porque ha permitido coordinar, integrar y fortalecer la respuesta del Sistema de las Naciones Unidas en el país para atender la emergencia por el COVID-19 en materia de salud, social, económica y en la protección del medio ambiente. La respuesta integrada del Sistema de las Naciones Unidas en Panamá busca alinear esfuerzos para que ninguna persona se quede atrás ante la emergencia del COVID-19, especialmente, aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulneración de derechos. El acompañamiento técnico en materia de salud sobre COVID-19 ha sido dirigido por la OPS/OMS. De igual modo, agencias, fondos y programas como UNODC, ONUSIDA, UNICEF, OCHA, FAO, PNUD, y la oficina de la Coordinación han sumado esfuerzos a través de la entrega de materiales de bioseguridad a las autoridades nacionales para atender la emergencia en todas sus esferas.  Para garantizar la educación de niños, niñas y adolescentes, UNICEF, UNESCO y PNUD han estado trabajando en coordinación con el Ministerio de Educación en la búsqueda de soluciones que permitan a todos los niños y adolescentes continuar su educación, especialmente aquellos niños y niñas que no cuentan con el acceso a tecnología en las comunidades rurales, indígenas y en zonas urbanas en las que habitan personas de escasos recursos. Del mismo modo, la FAO y el PNUD están trabajando en el diseño, la implementación y el monitoreo del programa "Estudiar sin hambre".  En los temas relacionados con la prevención de todo tipo de violencia, especialmente contra mujeres, niñas y niños, agencias como UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF y PNUD están trabajando con las autoridades nacionales para garantizar que los servicios para mujeres, niñas y las adolescentes víctimas de violencia se brinden a tiempo y con el enfoque de derechos humanos. Del mismo modo, el UNFPA, la Oficina de la Coordinación Residente en colaboración con las agencias miembros del Grupo de Género de las Naciones Unidas, entre estas ONU MUJERES, PNUD, UNICEF, entre otras junto con el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Mujer y la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Familia (SENNIAF) han desarrollado una campaña de comunicación digital para proveer información sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. ONU Mujeres y el PNUD han trabajado en un estudio sobre el impacto socioeconómico de la carga del trabajo no remunerado sobre las mujeres durante el COVID-19. Ambas agencias, acompañan técnicamente a las autoridades nacionales para garantizar que el enfoque de género se incluya en la respuesta socioeconómica a COVID-19.  ONUSIDA, el PNUD y el UNFPA han unido esfuerzos para garantizar el suministro de tratamiento retroviral a las personas que viven con VIH durante la emergencia COVID-19, especialmente, aquellas personas que viven en las áreas apartadas de la ciudades y que por las dificultades económicas y restricciones de horarios les sería difícil acceder a sus tratamientos durante la cuarentena. Las casi 2,500 personas migrantes que cruzaron la frontera entre Panamá y Colombia, antes del cierre de las fronteras internacionales, también se han visto gravemente afectados. Para garantizar su protección, alimentación, salud e higiene, organismos como la OIM, el ACNUR y el UNICEF han trabajado en estrecha coordinación para garantizar alimentos, vivienda, vestimenta, protección, salud, lavado de mano e higiene. Las personas que requieren protección de asilo reciben apoyo y orientación del ACNUR. Por su parte, UNFPA y ONUSIDA están brindando asistencia técnica para garantizar que las mujeres migrantes embarazadas tengan sus derechos de salud sexual y reproductiva garantizados, incluidas las mujeres VIH positivas. Las personas privadas de libertad, incluidos hombres, mujeres y adolescentes, tampoco se han quedado atrás. La coordinación de agencias como UNODC, PNUD, ONU Mujeres, OACNUDH, ONUSIDA y UNFPA ha sido relevante para garantizarles un trato digno durante la emergencia.  ONU Mujeres, UNFPA, UNODC y PNUD han proporcionado suministros de higiene personal para los Centros de rehabilitación de mujeres, los Centros de Privados de Libertad de adultos y los Centros de Cumplimiento de adolescentes. Además, UNODC y ONUSIDA trabajan en coordinación con el Ministerio de Gobierno para garantizar que las personas privadas de libertad tengan acceso a la salud en medio de COVID-19. FAO está apoyando técnicamente al MIDA y el MIDES en la inclusión de familias productivas en la respuesta socioeconómica nacional, contribuyendo a la seguridad alimentaria de las familias que viven en comunidades indígenas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) donó un sistema de calentamiento solar de agua al Hospital Modular COVID-19. El sistema basado en energía solar genera hasta 1.200 litros de agua caliente por día para la higiene y limpieza del hospital.  El PNUD dirige la preparación del estudio socioeconómico del impacto de COVID-19 en Panamá con el apoyo técnico de todas las agencias, programas y fondos de la ONU.

La emergencia de COVID-19 ha enfatizado la importancia de tener un Sistema de Coordinación de Desarrollo de las Naciones Unidas fuerte en Panamá para garantizar que no dejamos a nadie atrás. La ONU reafirma su compromiso de acompañar a Panamá y a toda su población durante la emergencia y proceso de recuperación post-COVID-19 para juntos alcanzar la Agenda 2030.

Foto: ©UNICEF/Panamá  "Poder brindar servicios a los niños y niñas y ver que tienen acceso agua y/o salud, así como apoyar a cubrir esas necesidades es una sensación de felicidad”, asegura Margarita Sánchez. “Yo he sido migrante desde los 10 años así que conozco bien la situación a través de lo que yo viví. No de esta manera, no fue tan extremo ni precario, pero salí de Colombia a los 10 años. Encontrarte en el camino organizaciones que te ayudan, que te dan de beber o que te curan los pies es una sensación realmente satisfactoria”. No cabe duda de que Margarita, de nacionalidad colombiana, es una apasionada de su trabajo y de que está donde quiere estar: monitoreando y orientando la respuesta humanitaria de UNICEF a los niños, niñas y familias migrantes que atraviesan el Darién, la selva más peligrosa del mundo. “Estamos en La Peñita, distrito de Pinogana en la Provincia del Darién, una comunidad de 168 habitantes que ha sido adaptada como Estación de Recepción Migratoria (ERM). Aquí ingresa un flujo migratorio de personas principalmente del Caribe como Haití y Cuba y otros países de África, Asia y Oriente Medio”, explica. “La historia que narran es una historia de un camino desde sus países de origen o de segundos países por donde han transitado, subiendo todo Sudamérica hasta Colombia, de ahí ingresan a la localidad de Capurganá, en el Chocó, e inician su trayecto por el tapón del Darién”. Una ruta peligrosa Esta ruta migratoria fue utilizada en 2019 por cerca de 24000 migrantes de más de 50 nacionalidades, de estos alrededor de 4000 eran niños, niñas y adolescentes, principalmente menores de 6 años. “Normalmente les toma entre 7 y 10 días caminando por rutas difíciles e inseguras que desconocen.  Después de varios días cruzando la selva llegan a una comunidad que se llama Bajo Chiquito, que está a unas 4 horas en piragua de La Peñita”, explica Margarita. “Entre los principales peligros que enfrentan los niños se encuentran la deshidratación y las picaduras de insectos y serpientes, así como los robos producto del crimen organizado que opera en esas zonas. Muchos niños cuentan que se han cruzado con serpientes durante el trayecto. Además, los que consumen agua contaminada del río suelen llegar a territorio panameño con diarreas, vómitos y fiebre. La Peñita La comunidad de la Peñita es el epicentro del trabajo de Margarita porque “es el primer punto en donde las personas reciben mayores atenciones y servicios”. Aquí, UNICEF en alianza con la Cruz Roja brinda 54,000 litros de agua al día, servicios de higiene y saneamiento, kits de higiene para adultos, mujeres, bebés e infantes, así como kits de limpieza. De igual modo, agencias como ACNUR y OIM apoyan para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de alojamiento y asentamiento. De igual modo, desde el Sistema de las Naciones Unidas agencias como OPS, UNFPA, OACNUDH, ONUSIDA, OCHA y PNUD también se han sumado a los esfuerzos coordinados para dar respuesta a la emergencia del COVID-19. El servicio de saneamiento resulta complejo de garantizar debido al gran número de migrantes en una comunidad pequeña. El reto es aún mayor en el contexto de la crisis sanitaria por el COVID19, donde el acceso a agua y jabón son clave para la prevención de la transmisión del virus. UNICEF y Programa de Voluntarios de Naciones Unidas - UNV Margarita estudió Desarrollo Internacional, llegó al Darién a través de la gestión realizada por UNICEF con el programa de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV) para aumentar la presencia en el terreno. “Por mucho tiempo estuve trabajando con comunidades en otros puntos de América Latina y con un enfoque en migración. Siempre estuve muy interesada en continuar trabajando con migrantes y cuando vi esta posición, especialmente para trabajar con niños y niñas en situación migratoria, decidí a postular”. Para UNICEF contar con el apoyo de Margarita en Darién ha sido clave, pues le ha permitido orientar los servicios basado en las necesidades de los niños y niñas, brindar protección por presencia y asistir a las autoridades locales en la garantía de derechos de todos los niños. La experiencia en el Darién no es sencilla, pero Margarita no se arrepiente: “Estos son contextos donde uno aprende muchísimo, no solo de temas técnicos, pero también de humanidad y uno se llena de eso”.  “Continuar con este trabajo es mi sueño porque me encanta”, asegura antes de animar a más jóvenes a acercarse al programa UNV: “Si alguien tiene dudas, que lo haga. Es una experiencia maravillosa en todos los sentidos: aprendizaje, poder contribuir, poder trabajar con personas con la misma pasión. Es un programa donde puedes adquirir muchos conocimientos, pero también dar mucho. Es una experiencia muy positiva”.