Panamá ya tiene Observatorio de Derechos Humanos de la Población LGBTQ+

Garantes y titulares de derecho representados en más de 15 organizaciones se unen para trabajar conjuntamente en el primer Observatorio Nacional de Derechos Humanos de la Población LGBTIQ+ en Panamá, el cual, además, cuenta con la participación del Sistema de las Naciones Unidas en Panamá en calidad de observador de dicho mecanismo dentro de la Defensoría del Pueblo de Panamá.

“Es un hecho histórico, en efecto. Ante la total ausencia de espacios cívicos, políticos, sociales y culturales. Para la población LGBT en Panamá que una instancia, en este caso, la Defensoría del Pueblo, haya tomado el paso decisivo de crear este observatorio es una gran noticia”, así lo describió Iván Chanis, presidente y fundador de la Fundación Iguales.

Previo a su creación, si bien ya existía un instrumento similar, el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, no había ninguno pensando específicamente en analizar y dar seguimiento a la situación de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ en Panamá; así lo menciona Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, “de esta inquietud de no tener información sobre actos de odio, de discriminación, o alguna fuente de información nació esta la idea de tener un observatorio”.  En ese sentido, la carencia de información y datos estadísticos ha sido un gran desafío para la comunidad LGBTIQ+ pues, sin certeza de la cantidad violaciones a sus derechos y sin un nivel de especificidad sobre dónde y quiénes suelen ser los perpetradores de dichos actos de discriminación, se dificulta aún más, como agrega Chanis, “el poder articular exigencias específicas ante los tomadores de decisiones”.

Por su parte, Leblanc también hace énfasis en lo necesaria que es la recaudación de información para generar políticas públicas inclusivas para esta población. “Lo que buscamos es tener información veraz y objetiva sobre la población LGBTIQ+”, precisó el Leblanc. Agrega, además, la importancia de que esta se le haga llegar de manera oportuna a diferentes instituciones, “debemos compartirla con el MIDES, MINGOB para el tema penitenciario, MINSEG y Policía Nacional para el tema de seguridad. Para que, de esta manera, ellos puedan emitir políticas públicas o corregir aquellos reglamentos o decretos que incidan en la discriminación o el trato cruel hacia personas LGBTIQ+”.

En ese sentido, miembros de la sociedad civil y de organizaciones defensoras de la población LGBTIQ+, además de reconocer la corresponsabilidad que el Observatorio conlleva, recordaron que este logro es el resultado de varios años de actividades y presiones al Estado por parte de diferentes organizaciones. De la misma manera, destacan que “el mensaje político es claro, pues la Defensoría del Pueblo reconoce una problemática nacional que es la ausencia de políticas públicas para los derechos de las personas LGBTIQ+”.

Aun estando en su fase inicial, la propia creación del Observatorio Nacional de Derechos Humanos de la Población LGBTIQ+ logra demostrar el potencial latente en el fortalecimiento, creación y formalización de mecanismos de interlocución y participación entre la ciudadanía y el Estado. En ese sentido, este Observatorio, sobre todo por estar conformado tanto por tomadores de decisiones como titulares de derechos, supone una gran oportunidad para la adopción de legislación, el diseño de medidas inclusivas y el desarrollo de políticas públicas para No Dejar a Nadie Atrás.