La pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es mucho más.
Es una crisis económica. Una crisis social. Y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos.
En febrero hice un llamamiento a la acción para que la dignidad humana y la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos constituyan el componente fundamental de nuestra labor. Como dije entonces, los derechos humanos no pueden ser una idea secundaria en tiempos de crisis, y ahora nos enfrentamos a la mayor crisis internacional en varias generaciones.
Hoy he publicado un informe en el que se destaca que los derechos humanos pueden y deben guiar la respuesta y la recuperación ante la COVID-19.
El mensaje es claro: las personas y sus derechos deben ser lo primero.
Mirar a través del prisma de los derechos humanos hace que todos cuenten y garantiza que nadie se quede atrás.
Las respuestas de derechos humanos pueden ayudar a vencer la pandemia haciendo hincapié en la necesidad imperiosa de atención sanitaria para todos.
Pero también sirven como un sistema de alerta fundamental al poner de relieve quiénes son los que más sufren, por qué y qué se puede hacer al respecto.
Hemos visto que el virus no discrimina, pero sus efectos sí: sacan a la luz las profundas deficiencias en la prestación de servicios públicos y las desigualdades estructurales que obstaculizan el acceso a ellos. Tenemos que asegurarnos de que se aborden adecuadamente en la respuesta.
Vemos los efectos desproporcionados en ciertas comunidades, el aumento del discurso de odio, los ataques a grupos vulnerables y el riesgo de que la mano dura en las respuestas en materia de seguridad socave la respuesta sanitaria.
En un contexto de etnonacionalismo, populismo y autoritarismo en aumento, al tiempo que se produce un retroceso en los derechos humanos en algunos países, la crisis puede servir de pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia.
Esto es inaceptable.
Más que nunca, los Gobiernos tienen que ser transparentes, receptivos y responsables. El espacio cívico y la libertad de prensa son fundamentales. Las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado tienen funciones esenciales que desempeñar.
Y en todo lo que hagamos, no olvidemos nunca que la amenaza es el virus, no las personas.
Tenemos que asegurarnos de que todas las medidas de emergencia, incluido el estado de emergencia, sean legales, proporcionadas, necesarias y no discriminatorias, tengan un ámbito y una duración específicos y adopten el enfoque menos intrusivo posible para proteger la salud pública.
La mejor respuesta es la que mitiga de forma proporcionada las amenazas inmediatas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos y el estado de derecho.
Mirando hacia delante, nuestra labor de reconstrucción debe ser mejor. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se sustentan en los derechos humanos, proporcionan el marco para que la economía y la sociedad sean más inclusivas y sostenibles.
El fortalecimiento de los derechos económicos y sociales aumenta la resiliencia a largo plazo.
La recuperación también tiene que respetar los derechos de las generaciones futuras, potenciar las medidas climáticas encaminadas a neutralizar las emisiones de carbono a más tardar en 2050 y proteger la biodiversidad.
Todos estamos juntos en esto.
El virus amenaza a todas las personas. Los derechos humanos favorecen a todas las personas. Al respetar los derechos humanos en estos tiempos de crisis, construiremos soluciones más eficaces e inclusivas para la emergencia de hoy y la recuperación de mañana.